DETRÁS DEL PRIMER CASO DE TORTURA POR DISCRIMINACIÓN CONTRA UNA PERSONA TLGBIQ+ ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Por: Paúl Brander Steve Márquez Peccart

I.- INTRODUCCIÓN

Habiendo transcurrido doce años de la detención arbitraria, violación sexual y tortura por parte de policías contra Azul Rojas Marín, ella y su madre no encuentran justicia, estando en espera de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH).

El presente ensayo pretende hacer un análisis desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los métodos jurídicos feministas de este emblemático caso para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En este sentido, el presente ensayo abordará en un primer momento los hechos del caso, a continuación, presentará un análisis de las víctimas del caso, siguiendo con un análisis acerca de los errores en los niveles del Derecho y cómo estos se retroalimentan entre sí en el presente caso.



  1. DESARROLLO

En febrero de 2008, Azul Rojas Marín, quien en aquel entonces se identificaba como varón bajo el nombre de Luis Alberto, fue intervenida por policías cuando iba camino a su casa, bajo el argumento de que había la necesidad de identificarla, siendo que al no contar con documentos fue detenida de forma violenta y trasladada a la comisaría del lugar, Casa Grande, norte del país.

Dentro de la comisaría fue violentada por uno de los policías que la ingresó dentro de un cuarto de investigación, en el cual fue interrogada por el paradero de su hermano, a quien se le buscaba por la supuesta comisión de un delito. Ella, al verse impedida de dar información por no tener conocimiento de los hechos, fue sometida gradualmente a más episodios de violencia.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, inicialmente fue golpeada por tres policías con una vara de goma en el estómago; más adelante mientras era agredida verbalmente con adjetivos y frases peyorativas que hacían referencia a su orientación sexual, fue desnudada y ultrajada por estos policías, los cuales le introdujeron por el recto una vara de goma hasta en dos oportunidades.

Tras la violación empezó a sangrar, por lo que fue llevada desnuda a otro espacio en el cual fue obligada a quedarse parada hasta las seis de la mañana del día siguiente, asimismo se le privó de poder consumir agua pues pese a solicitarla no se le suministró.

Durante la mañana del día siguiente fue liberada. Tras llegar descalza a su vivienda y contarle lo sucedido a su madre, las dos decidieron ir a la Comisaría y denunciar los hechos; no obstante, se les denegó la atención.

Por ello, decidieron recurrir a los medios de comunicación del lugar y a la Fiscalía, denunciando la comisión de los delitos de violación sexual, abuso de autoridad y tortura, siendo desestimada esta última por la Fiscalía y quedando archivadas las dos primeras por el Poder Judicial en enero del 2009.

Es así que al haber agotado las vías nacionales, Azul trasladó su caso hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, CIDH), considerando esta que hubo un ensañamiento especial contra Azul por su orientación sexual percibida por los agentes del Estado, lo que constituye tortura con fines discriminatorios, concluyendo además que el Estado no investigó con la debida diligencia los hechos. Es así que la CIDH recomendó al Estado peruano una serie de medidas de reparación de carácter moral y económico; sin embargo, en consideración de la CIDH, Perú no había dado cumplimiento de dichas reparaciones por lo que el 22 de agosto de 2018 sometió el caso a la Corte IDH.

A partir de esta breve exposición de hechos, es preciso hacer un análisis de las víctimas del caso. Azul, se identifica en la actualidad como una mujer trans, mientras que al momento en el cual sucedieron los hechos como un varón homosexual, en virtud de lo señalado, ser varón y no cumplir con aquellas características estereotípicamente masculinas que en una sociedad machista y homofóbica se imponen, implica enfrentarse a un contexto violento, lleno de amenazas constantes a tu vida e integridad, producto de tu orientación sexual o identidad de género, lo que en parte se debe a que la homosexualidad en principio niega un de las premisas básicas del patriarcado, que vendría a ser la heterosexualidad[1]. Asimismo, contraviene el presupuesto acerca de las relaciones de poder en las cuales lo femenino está subordinado a lo masculino, resultando degradante que un varón adopte características femeninas, ya que de esta forma niega los privilegios que le han sido concedidos.

En esa línea, no solo las personas con orientaciones o identidades no normativas se encuentran expuestas a este peligro, sino todas aquellas que son percibidas como no heterosexuales, encontrándose entonces en una situación de vulnerabilidad, entendida como aquel mayor grado de susceptibilidad frente a violaciones de derechos humanos por esta cualidad[2].

Lo antes señalado se cristalizó de forma muy clara en Azul, quien desde el primer momento se enfrentó a los estereotipos de ser homosexual, pues pese a que nunca lo manifestó de forma expresa, su ropa, sus actitudes y su forma de hablar fueron condiciones suficientes para que los agentes policiales asuman que sí lo era, producto de una retórica social acerca de cómo es ser homosexual.

Ahora bien, no podemos considerar a Azul como única víctima de este caso, pues durante todo este insufrible proceso, hubo alguien que la apoyó incondicionalmente y que tuvo que padecer las mismas cargas emocionales de enfrentarse a un sistema que lejos de juzgar y reparar las violaciones que había sufrido, la violentó de nuevo institucionalmente. Ella fue Juana Rosa, su madre, quien desde que tomó conocimiento de los hechos estuvo junto a Azul, todo ello en el marco de una sociedad en la cual se ha formado una ética de la maternidad que, entre muchas otras cosas, se caracteriza por la disposición de cuidado frente a los hijos e hijas[3]., y que pese a estar instalada socialmente, sigue manteniéndose dentro del ámbito privado de los sujetos, impidiendo así que dentro del ámbito estatal se pueda considerar también como víctima a Juana Rosa, pues toda la lucha de las madres de las personas TLGBIQ+ son entendidas como acciones que parten de relaciones privadas en las cuales el Derecho no debe inmiscuirse[4].

A su vez, Azul y Juana, no solo sufrieron padecimientos por su orientación, identidad y género; sino también por su situación de pobreza, que tiene una fuerte implicancia en el poder al momento de poder acceder a la justicia. La situación era tan desventajosa que ambas tuvieron que recurrir a medios de comunicación y tocar la puerta de diversas instituciones para que su caso recién pueda ser oído.

Ahora bien, dentro de todas las afectaciones que sufrieron, estas estuvieron dispersas en diferentes niveles del Derecho, es por ello que analizaremos el caso desde los aportes brindados por Alda Facio, que brinda una clasificación tripartita de los niveles del Derecho: a) componente formal-normativo, b) componente estructural y c) componente político-cultural[5], los cuales están íntimamente ligados entre sí y se ven influenciados constantemente el uno por el otro.

En cuanto al primer componente del Derecho, podemos describirlo como aquel que trabaja con lo que formalmente ha sido regulado, es decir, las normas en sus diversas modalidades: leyes, decretos, tratados, etc.

Respecto a esto el Perú ha suscrito diversos instrumentos de derechos humanos, así también dentro de su Constitución Política reconoce a la igualdad como un derecho subjetivo, así como un principio orientador de todo su aparato jurídico. No obstante, pese a que estas normas están dadas con una aparente neutralidad, es visible que estas entrañan contenidos discriminatorios pues las normas no son solo discriminatorias cuando tienen por objeto discriminar a un colectivo, sino cuando de sus resultados se desprenden hechos discriminatorios[6].

En esa línea, podemos observar que en que ninguna norma del Perú se hace referencia a la transexualidad como una categoría sospechosa de discriminación. A su vez, dentro de los manuales de la Policía Nacional del Perú y en las normas sobre detención, no hay una guía específica sobre el actuar frente a personas transexuales, entendiendo que la igualdad no solo parte desde la visión masculina de un trato igual a todos, sino entendiendo que esta también puede comprender actos de diferenciación cuando el contexto así lo requiriese[7].

Respecto al segundo, componente estructural, podemos entenderlo como todo aquello que sin ser norma regulada formalmente, sí forma parte de lo que se entiende como ley no escrita a partir de las actuaciones de las instituciones del Estado[8].

Los fallos en este componente están relacionados desde el primer momento cuando los policías arrestaron a Azul, una práctica muy común en Perú, donde las mujeres trans y los homosexuales son los más perjudicados, pues se ha normalizado que es potestad de los policías el intervenir a estas personas en la calle, detenerlas y someterlas a distintas vejaciones físicas que tienen un claro tinte de ensañamiento por su identidad de género y orientación sexual.

Por último, sobre el componente político-cultural, podemos entender a este como el contenido que le asignan las personas a las normas a través de prácticas, costumbres, tradiciones, valores, etc. arraigados socialmente.

Si bien las relaciones homosexuales en el Perú no prevén sanciones jurídicas desde 1924, no podemos desligarnos de valores sociales que han dado pie a la discriminación. La Iglesia Católica ha tenido gran influencia en el país desde la época colonial y, junto con ella, se establecieron determinados valores, entre los cuales se encuentra a la homosexualidad como una aberración merecedora de castigo. En ese sentido, es que en el imaginario social aún se mantiene la idea de que estas prácticas deben ser sancionadas y que los homosexuales también deben ser parte de aquellas personas que necesitan resocialización.

A su vez, tampoco se puede perder de vista que lo sufrido por Azul no solo respondía a actos de violencia sin tomar en cuenta su contenido sexual, pues este análisis sugiere “que el rol sexual masculino se centra en la intrusión agresiva frente a los menos poderosos”[9], en la que los policías valiéndose de su poder ejercieron su poder sexualmente frente a una persona que consideraban inferior por su feminidad.

Entonces, como fue señalado previamente, estos tres componentes que han sido analizados se ven enlazados e influenciados entre sí. Por ello se hará un análisis acerca de cómo operó esto en el presente caso.

En cuanto a la influencia del componente político-cultural con el componente formal-normativo debemos señalar que quienes hacen las normas son personas, las cuales están socializadas en un entorno carente de empatía frente a las diversidades sexuales, además de verse enfrentados con valores religiosos que forman parte de las tradiciones de estos.

Por otro lado, hay una gran influencia de grupos políticos conservadores, así como distintos movimientos sociales y religiosos en la oposición de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, todo lo cual se ve cristalizado en el producto formal-normativo, razón por la que personas como Azul aún no ven reconocidas de forma plena y sin discriminación sus derechos, pues las normas son emitidas sin tomar en cuenta su problemática, sin tomar en cuenta las necesidades particulares que una persona que no encaja en la norma social requiere.

Respecto de la influencia del componente formal-normativo en el componente estructural es preciso señalar que hay ordenanzas municipales que permiten la detención de personas transexuales y homosexuales, pues existe un estereotipo que señala que muchas de ellas se dedican a la prostitución que, pese a no ser un delito es percibido como tal.

Por otro lado, el hecho de que no se mencione expresamente ninguna condición relativa a la orientación sexual y la identidad de género como categoría sospechosa de discriminación en la Constitución ha devenido en una renuencia por considerarla dentro de ese umbral abierto de otras categorías sospechosas de discriminación reconocidos constitucionalmente.

Sobre la influencia del componente formal-normativo en el componente político-cultural, es preciso señalar cómo este actúa a través de la institucionalización de ciertas ideas, tales como el desprecio a la diversidad sexual y la desprotección frente a las vulneraciones contra estas personas.

En cuanto a la influencia del componente político-cultural en el componente formal-normativo, se puede verificar que socialmente hay discursos instalados, entre ellos muchos que pregonan un tinte homofóbico y transfóbico, que pretende desconocer los derechos de estas personas e incluso en ciertos casos criminalizar estas conductas.

Tal situación tiene dos consecuencias, en primer lugar que haya políticos renuentes a querer legislar sobre estas materias por considerarlas poco relevantes o por miedo a la desaprobación popular y de otro lado, políticos que no solo no quieren abordarla sino trabajan para frenar cualquier avance en materia de derechos de esta comunidad.

En relación con el componente político-cultural en el componente estructural, observamos que las personas desconocen que en materia de género el Perú tiene obligaciones internacionales por los distintos instrumentos de los cuales es parte, lo que termina teniendo una repercusión en los administradores de justicia, los cuales no suelen hacer, por ejemplo, un control de convencionalidad de las normas, lo cual es una obligación de todo operador jurídico y que por no estar debidamente extendida pierde eficacia[10].

Finalmente, sobre la influencia del componente estructural en el componente político-cultural todos los tratos contra personas como Azul, desde la violencia policial y la impunidad en la administración de justicia cala en la sociedad, porque manda un mensaje muy contundente de que no vivimos en una sociedad donde todas las personas somos plenamente respetadas e iguales, sino que vivimos en una sociedad donde si no eres varón, heterosexual y adinerado tus derechos valen menos, te vuelves un ciudadano de segunda categoría, lo cual perpetúa la histórica discriminación contra las diversidades sexuales.

Conclusiones:

Las disidencias sexuales se encuentran en una situación de vulnerabilidad muy alta, tanto de particulares como del propio Estado. En ese sentido, el presente caso pendiente de sentencia en la Corte IDH debe servir para que los Estados que han ratificado la CADH y han reconocido la competencia contenciosa de la Corte IDH puedan tener estándares acerca de cómo deben actuar para proteger a este grupo de personas; asimismo, una sentencia favorable para Azul marcaría un gran precedente en materia de protección de la diversidad sexual, que resulta tan necesaria, tomando en cuenta el grado de vulnerabilidad al que se enfrentan las personas de esta comunidad.

[1] Menjívar Mauricio, La Masculinidad a Debate. Grafica Medium, 2010, p. 6.

[2] Corte IDH. OC 24/17 Identidad de Género, e Igualdad y No Discriminación a Parejas del Mismo Sexo. 24 de noviembre de 2017.

[3] Álvarez Silvina y Sánchez Cristina, Feminismos. Debates teóricos contemporáneos. Alianza Editorial, 2008, p. 250.

[4] Zaikoski Daniela, Género y Derecho Penal: Tensiones al interior de sus discursos. Universidad Nacional de La Pampa, 2008, p.125.

[5] Facio Alda, Metodología para el análisis de género del fenómeno legal, Ediciones LOM, p.192.

[6] Fries Lorena, Los derechos humanos de las mujeres: aportes y desafíos. Otro Derecho, 2007, p. 50.

[7] Bermúdez Violeta, Género y Poder: La igualdad política de las mujeres. Palestra Editores, 2019, p. 14.

[8] Facio Alda, Metodología para el análisis de género del fenómeno legal, Ediciones LOM, p.192.

[9] MacKinnon, Catharine A., Sexualidad. Harvard University Press, 1987, p.3.

[10] Corte IDH, Caso Gelman vs. Uruguay. Sentencia de 24 de febrero de 2011, p. 193.

BIBLIOGRAFÍA:

  • Corte IDH. OC 24/17 Identidad de Género, e Igualdad y No Discriminación a Parejas del Mismo Sexo. 24 de noviembre de 2017.
  • Menjívar Mauricio, La Masculinidad a Debate. Grafica Medium, 2010
  • Álvarez Silvina y Sánchez Cristina, Feminismos. Debates teóricos contemporáneos. Alianza Editorial, 2008
  • Zaikoski Daniela, Género y Derecho Penal: Tensiones al interior de sus discursos. Universidad Nacional de La Pampa, 2008
  • Facio Alda, Metodología para el análisis de género del fenómeno legal, Ediciones LOM
  • Fries Lorena, Los derechos humanos de las mujeres: aportes y desafíos. Otro Derecho, 2007
  • Bermúdez Violeta, Género y Poder: La igualdad política de las mujeres. Palestra Editores, 2019
  • MacKinnon, Catharine A., Sexualidad. Harvard University Press, 1987
  • Friedan Betty, El problema que no tiene nombre. Sagitario, 1965
  • Corte IDH, Caso Gelman vs. Uruguay. Sentencia de 24 de febrero de 2011
DETRÁS DEL PRIMER CASO DE TORTURA POR DISCRIMINACIÓN CONTRA UNA PERSONA TLGBIQ+ ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

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