Pronunciamiento institucional del Taller de Estudios Internacionales “José Luis Bustamante y Rivero” sobre la situación actual que atraviesa el Perú

El Taller de Estudios Internacionales “José Luis Bustamante y Rivero”, en el marco de su formación humanística y crítica, considera necesario pronunciarse sobre la situación actual que está atravesando el país. En tal sentido, manifestamos lo siguiente:

  1. Sobre el orden democrático del Estado peruano y su imagen internacional
  • La estabilidad política y democrática del Estado peruano, que ya se encontraba debilitada y sujeta a constantes crisis políticas, se ve actualmente expuesta a una mayor vulnerabilidad debido al contexto causado por la pandemia, el cual afecta la vida normal de una nación, generando graves consecuencias humanitarias y socioeconómicas[1].
  • En vista de ello, consideramos que las decisiones políticas tomadas el 09 de noviembre del 2020 por el Congreso de la República del Perú suponen un profundo socavamiento a la gobernabilidad y orden democrático del país, lo que lleva a un manejo improvisado y expuesto a influencias de grupos con intereses particulares.
  • Exhortamos a los poderes públicos del Estado peruano a considerar el pronunciamiento de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[2] sobre la necesidad de garantizar la institucionalidad democrática, la plena vigencia del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos en observancia a los estándares interamericanos.
  • Exigimos al Estado peruano a respetar el principio de separación de poderes mediante la aplicación de su sistema de pesos y contrapesos con el fin de asegurar un efectivo control entre las diferentes ramas de gobierno, en cumplimiento de los estándares interamericanos y garantizar la institucionalidad democrática[3].
  • Considerando que es el segundo proceso de vacancia presidencial presentado en el 2020 en contra del expresidente, Martín Vizcarra, por la causal referida a “permanente incapacidad moral”, exigimos al Tribunal Constitucional del Perú a adoptar la recomendación de la Secretaría General de la OEA sobre pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas, así como sobre las diferencias que pudieran existir en la interpretación de la Constitución[4]; en ese sentido, exigimos al Congreso de la República del Perú a suspender el procedimiento de selección de magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional.
  • Consideramos que el respeto de la Democracia y el Estado de Derecho son condiciones necesarias para lograr la vigencia y el respeto de los derechos humanos[5]. Las limitaciones a dichos derechos, sobre todo los civiles y políticos, pueden tener impactos directos en el sistema democrático del Perú.
  • Exhortamos a los poderes públicos del Estado, sin importar qué agrupación política se encuentre en el poder, a respetar y garantizar la realización de elecciones generales, libre y justas en las fechas programadas de abril de 2021, en respeto de la Constitución.
  • Sobre el derecho humano a la protesta y el derecho a la información:
  • El Estado de Derecho no es sino un vehículo para una verdadera protección de los derechos humanos, por lo tanto, toda medida que menoscabe cualquier sentido de dignidad humana contraviene a su naturaleza misma. En tal sentido, el Estado peruano debe respetar sus compromisos en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
  • Invocamos lo comentando por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para su consideración en las autoridades del Estado peruano, es esencial que en todos los niveles y agencias los Estados respeten y garanticen que nadie será criminalizado por ejercer los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación en el contexto de manifestaciones y protestas[6]; así como tampoco será objeto de amenazas, hostigamiento, violencia, persecución o represalias por participar en protestas.
  • En palabras de la CIDH[7], la criminalización de la protesta social consiste en el uso del poder punitivo del Estado para disuadir, castigar o impedir el ejercicio del derecho a la protesta, por lo cual rechazamos cualquier acto de la Policía Nacional del Perú y fuerza pública que represente una criminalización a la protesta social.
  • Exhortamos a las autoridades del Estado peruano a no adoptar medidas desproporcionadas en el uso de la fuerza ni detenciones arbitrarias a los defensores de derechos humanos y manifestantes.
  • Exigimos la libertad inmediata de Carlos Rodríguez Huambachano, defensor de derechos humanos y miembro de la CNDDHH, y demás manifestantes víctimas de detenciones arbitrarias en el ejercicio del derecho a la protesta.
  • Exigimos a los operadores del sistema de justicia del Perú que garanticen a las personas y grupos víctimas de violaciones y abusos a sus derechos fundamentales en el ejercicio de la protesta puedan acceder en forma efectiva a la justicia y sean reparados de cualquier violación a sus derechos fundamentales.
  • Asimismo, en el marco de una verdadera garantía democrática para el país se vuelve necesario el acceso a la información por parte de la ciudadanía, por lo cual, exigimos a los medios de comunicación a informar de manera imparcial y transparente sobre los últimos sucesos en el país.

Finalmente, exhortamos a todos los poderes públicos del Estado a proteger y garantizar el orden democrático, el Estado de Derecho y los derechos humanos conforme a los estándares del sistema interamericano y el Derecho Internacional.


[1] Comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre la situación en Perú. (8 de noviembre de 2020). https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-109%2F20&fbclid=IwAR0iI25T5UckQ8nqM9bM2HxtTnJyTAR5u3urKhVCu6B3_ram-8f4ksvSxGY

[2]   Pronunciamiento de la CIDH. (10 de noviembre de 2020). https://twitter.com/CIDH/status/1326227876555927554?s=19&fbclid=IwAR0FKDkTilvRzMO3vbEuOWVEGstnUsMCNwGIFmrj6VpResZ-VhU4cJ9XaBs

[3] La CIDH llama al Estado de Perú a garantizar la institucionalidad democrática y la plena vigencia del Estado de Derecho, ante la declaratoria de vacancia presidencial (11 de noviembre de 2020) http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/270.asp?fbclid=IwAR318Q4283Jr1wz14flXs39nLiej6bTQWQOslJ5WbQ2CY21U8cawvYsbPS4

[4] La CIDH llama al Estado de Perú a garantizar la institucionalidad democrática y la plena vigencia del Estado de Derecho, ante la declaratoria de vacancia presidencial (11 de noviembre de 2020) http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/270.asp?fbclid=IwAR318Q4283Jr1wz14flXs39nLiej6bTQWQOslJ5WbQ2CY21U8cawvYsbPS4

[5] Pandemia y Derechos Humanos en las Américas. Resolución 1/ 2020 CIDH. (10 de abril de 2020). https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf

[6] Relatoría Especial para la Libertad de Expresión: Protesta y Derechos Humanos (2019) http://www.oas.org/es/cidh/expresion/publicaciones/ProtestayDerechosHumanos.pdf

[7] Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH (2005) http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/Informe%20Anual%202005%201%20ESP.pdf

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